Medidas reforzadas en Prevención de Blanqueo de Capitales

La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) establece ciertos supuestos en los que ante la existencia de un mayor riesgo de blanqueo de capitales se exigen una serie de medidas reforzadas.

Además del propio análisis de riesgo del sujeto obligado, se citan cuatro supuestos específicos en los que la LPBC obliga a adoptar medidas reforzadas.

En primer lugar en las relaciones de negocio y operaciones que se puedan llevar a cabo de manera no presencial, por medio de sistemas electrónicos, telemáticos o telefónicos. En este caso habrá que acreditar la identidad del cliente a través de la firma electrónica y el primer ingreso ha de proceder de una cuenta a nombre del mismo cliente y que esté abierta en una entidad domiciliada en España, la UE o países terceros equivalentes. Trascurrido un plazo máximo de un mes desde el inicio de la operación, se deberán poseer los documentos que acrediten la identidad real.

En segundo lugar encontramos las corresponsalías bancarias transfronterizas realizadas con entidades de terceros países. En estos casos habrá que reunir, sobre la entidad cliente, la información necesaria; evaluar los controles sobre blanqueo de la entidad cliente y documentar las responsabilidades de cada entidad.

El tercer caso se refiere a las operaciones con personas con responsabilidad pública, aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones significativas en España o en otros países, así como a sus familiares, jefes de Estado o de Gobierno, ministros, parlamentarios, magistrados, miembros de consejos de administración de empresas públicas o alto personal militar de las Fuerzas Armadas. Una vez confirmada esta condición se debe obtener la autorización del inmediato nivel directivo, adoptar medidas para determinar el origen del patrimonio o los fondos y llevar a cabo un seguimiento reforzado y permanente de la relación de negocio.

El cuarto y último supuesto en el que se obliga a la puesta en marcha de medidas reforzadas se refiere a las operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos.

Medidas simplificadas en Prevención de Blanqueo de Capitales

La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) establece una serie de casos en los sujetos obligados quedan autorizados a aplicar medidas simplificadas. Éstas no son distintas de las normales, pero si se establece un componente de menor rigidez en cuanto a la recopilación de información.

La LPBC establece en primer lugar una serie de tipos de cliente que cumplen con el perfil de las medidas simplificadas:

  • Entidades de derecho público de los Estados dela UE.
  • Entidades financieras domiciliadas enla UE.
  • Sociedades con cotización en bolsa en cualquier mercado regulado dela UEo países equivalentes.

Respecto a los productos u operaciones que son susceptibles de aplicar las medidas simplificadas, se citan:

  • Las pólizas de seguro de vida con prima anual inferior a 1.000 euros o cuya prima única sea inferior a 2.500 euros
  • Aportaciones a planes de pensiones, a mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados, aportaciones de los trabajadores a planes de previsión empresarial y las primas satisfechas a los seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia.
  • Los seguros colectivos de pensiones que tengan su origen en los convenios colectivos o en EREs aprobados por la autoridad laboral. Seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones que no admitan el pago de primas por parte del trabajador o que no puedan servir de garantía para un préstamo y no contemplen la posibilidad de recurrir a su rescate en supuestos distintos a los recogidos en la normativa sobre planes de pensiones.
  • El dinero electrónico.

 

Medidas normales en Prevención de Blanqueo de Capitales

La primera medida normal se refiere a la identificación de las personas físicas o jurídicas con las que se establece la relación de negocio. El sujeto obligado no podrá iniciar ningún tipo de relación sin realizar la identificación pertinente mediante la comprobación de los documentos correspondientes. Si el cliente no actuara por cuenta propia, se encuentra en la obligación de recabar la información precisa de quiénes son las personas por cuenta de las que actúa el cliente.

Otra medida se refiere al propósito e índole de la relación de negocios. Para ello se deberá conocer la actividad a la que se dedica el cliente y comprobar si es coherente el tipo de operación contratada por dicho cliente con la actividad que desarrolla.

En tercer lugar, se obliga a realizar un seguimiento de los movimientos que se produzcan durante esa relación. Su coherencia con la actividad desarrollada por el cliente y la procedencia de los fondos que originan cada operación.

¿Quién está obligado al cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?

El artículo 2 dela Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (LPBC) específica de forma pormenorizada el listado completo de sujetos obligados a los que será de aplicación la ley.

De forma resumida incluye:

  • Las entidades de crédito y de pago, así como quienes ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda, intermediación en la concesión de préstamos o créditos, depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago
  • Las entidades aseguradoras y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones.
  • Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, de fondos de pensiones, de entidades de capital-riesgo y de garantía recíproca.
  • Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
  • Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  • Los notarios, registradores de la propiedad, abogados, procuradores, etc, en los ámbitos mercantil, de inversiones y de compraventa de bienes.
  • Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos, objetos de arte o antigüedades, y en general todo comerciante respecto a transacciones que superen los 15.000 euros.
  • Otros varios: centros de negocios, casinos de juego, Montes de Piedad, loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios, fundaciones y asociaciones.

Tienen la consideración de sujetos obligados las personas físicas o jurídicas que desarrollen las actividades mencionadas. No obstante, cuando las personas físicas actúen en calidad de empleados de una persona jurídica, o le presten servicios permanentes o esporádicos, las obligaciones impuestas por esta Ley recaerán sobre dicha persona jurídica.

Los sujetos obligados quedarán, asimismo, sometidos a las obligaciones establecidas en la presente Ley respecto de las operaciones realizadas a través de agentes u otras personas que actúen como mediadores o intermediarios de aquéllos.